La mala noticia de Google

Jorge Sahd K.

Con bombos y platillos, Google anunció en 2019 su decisión de instalar un data center en Chile para proveer servicios de internet a Latinoamérica. Una inversión de más de US$ 200 millones, con más de mil empleos directos y otros tantos indirectos. El país ganaba la competencia a otros de la región, como Argentina.

Cinco años después, en un fallo cuestionable y basado en una ley confusa, como la de cambio climático, el segundo tribunal ambiental paralizó un proyecto de enorme impacto para Chile por estimar que la evaluación ambiental no descartaba adecuadamente los efectos significativos del proyecto sobre el recurso hídrico, pese a que la empresa había modificado ese aspecto y ello había sido validado por la autoridad.

“En un fallo cuestionable y basado en una ley confusa, el segundo tribunal ambiental paralizó un proyecto de enorme impacto para Chile. Un nuevo capítulo de inversiones entrampadas en la burocracia administrativa o judicial”.

Un nuevo capítulo de proyectos de inversión entrampados en la burocracia administrativa o judicial, que han ido deteriorando la imagen-país de Chile como un lugar que ofrece certeza jurídica, celeridad y tranquilidad para el inversionista extranjero. Cuesta imaginar que el “alumno ejemplar” de América Latina, que lideraba todos los índices de clima de negocios y libertad económica, hoy tiene en el centro de su agenda un proyecto contra la “permisología”. O que, según el catastro del Servicio de Evaluación Ambiental, a 2023 existían proyectos judicializados por más de US$ 10 mil millones, en áreas claves como energía o infraestructura.

Chile no está en estado de catástrofe, pero sí estancado. La ambición por ser un país atractivo para la inversión extranjera se ha perdido y las señales que hay son más de una agenda pro-impuestos que de procrecimiento. Los capitales se mueven rápido y el país no puede confiarse en una reputación ganada en el pasado ni en sus ventajas comparativas, como el litio, cobre o potencial energético. La llamada “enfermedad de bajo crecimiento” viene arrastrándose hace casi una década y las proyecciones nos ubican en la parte baja de A. Latina.

Si bien la inestabilidad internacional de la guerra comercial, el Covid-19 o la guerra en Ucrania generaron un cuadro complejo para la economía, lo cierto es que el país fue igualmente responsable: inestabilidad política de un largo proceso constitucional; populismo legislativo con el retiro de pensiones como su mejor exponente; y legitimación de la violencia por una parte de la clase política. La peor combinación para la tríada que busca toda inversión extranjera: bajo riesgo político, entorno económico favorable y calidad de leyes y regulaciones. Chile se hizo un país menos predecible.

¿Está todo perdido? De ningún modo, pero hay que tomarse en serio este problema-país. Chile viene bajando en muchos índices de clima económico e instituciones como la Fundación Getulio Vargas ya ubican a Paraguay, Brasil, México y Uruguay como los países líderes en la materia. La propia organización señala que la región viene al alza desde el último trimestre de 2023, llegando a su mejor nivel en los últimos dos años y al segundo mejor en un lustro. Ya no son suficientes para Chile la disciplina fiscal ni la estabilidad macroeconómica celebradas por todas las clasificadoras de riesgo.

La agenda procrecimiento debe tener en el centro reducir las múltiples contradicciones de criterios de las agencias administrativas, mejorar la calidad regulatoria e incluir una reflexión de los propios tribunales respecto de la falta de certeza jurídica de cientos de inversiones en Chile. Que la mala noticia de Google sea el último llamado a enmendar el rumbo donde el país se ha dormido en los laureles.